Decreto 33-98 explicado en lenguaje simple.

Es la ley guatemalteca que regula los derechos de autor desde 1998. Define qué obras intelectuales están protegidas, qué derechos tiene un creador sobre lo que crea, cuáles puede transferir y cuáles no, y bajo qué condiciones una persona puede contratar a otra para crear una obra y quedarse con los derechos del resultado. Esa última figura — la obra por encargo del Artículo 10 — es la que aplica a la asesoría académica formal que ofrece Epinova.

El Artículo 10 del Decreto 33-98 establece el régimen de obra por encargo. La regla general dice: cuando una persona contrata a otra para crear una obra, los derechos patrimoniales sobre el resultado se transfieren al contratante, salvo pacto en contrario escrito en el contrato.

En términos prácticos para una asesoría académica: si vos contratás a Epinova para redactar un material modelo (un capítulo, un ensayo, una sección puntual), nuestros derechos patrimoniales sobre ese texto pasan a vos. Podés usarlo como referencia, modificarlo, citarlo en tu propia investigación, archivarlo. Nuestros derechos morales (haber sido los creadores intelectuales del primer borrador) los conservamos — pero eso no te limita en el uso lícito del material.

Lo que el Artículo 10 NO hace es eximirte de tus obligaciones académicas frente a la universidad. La universidad opera bajo su propio reglamento de honestidad académica, y ese reglamento usualmente prohíbe presentar como autoría propia un texto cuya redacción fue encargada a un tercero — sin importar quién tenga los derechos patrimoniales del documento.

Antes de empezar cualquier proyecto firmamos contrato escrito con tres cláusulas que la mayoría del mercado guatemalteco omite. Primera, cláusula expresa del régimen Decreto 33-98 con referencia literal a los Artículos 10 y 75. Segunda, cláusula de confidencialidad mutua — vos no compartís el contenido del contrato; nosotros no compartimos tu tema, datos ni avances con terceros. Tercera, cláusula ética explícita que aclara que el material entregado es de referencia académica y orientación metodológica, no para presentación como autoría propia frente a la universidad.

Cada pago se factura electrónicamente via SAT (FEL). Cada entrega va con acta breve. Cada cambio se documenta en el portal cliente. Si en algún momento del proyecto la universidad pidiera la cadena de custodia documental del proceso, podemos entregarla completa.

El Decreto 33-98 ha sido reformado dos veces. El Decreto 56-2000 introdujo ajustes sobre derechos conexos, derechos digitales y mecanismos de protección tecnológica — pertinentes para el contexto académico actual donde casi todas las obras se distribuyen en formato digital. El Decreto 11-2006 actualizó el régimen sancionatorio para casos de infracción y ajustó plazos de protección.

Para los efectos de la asesoría académica, la regla del Artículo 10 (obra por encargo) y la del Artículo 75 (cesión por contrato escrito) se mantienen vigentes con su redacción esencial. Las reformas no han cambiado lo fundamental: si está escrito en el contrato y se firmó por las partes, la cesión es válida.